En México se tiene, como en otros países, una larga historia de conflictos permanentes entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Conflictos que por lo general aún hoy en día son largos y por lo tanto costosos para todos los involucrados.

La autoridad en su papel recaudador implacable, enfocada casi por política a determinar siempre un monto a cargo del contribuyente por toda revisión efectuada y, por su parte, el contribuyente, en su eterno papel de víctima alegando absolutamente todo, hasta lo inimaginable con la finalidad de salir airoso de la batalla.

Dicha lucha jurídica gira por lo general en torno a dos aspectos, los aspectos de forma y los aspectos de fondo en cuanto al actuar de la autoridad al momento de ejercer sus facultades de comprobación contra la persona, física o moral, que esta siendo auditada.

Sin pretender entrar en tecnicismos ni jurídicos ni contables en materia fiscal, podría resumirse que los aspectos de forma van orientados a establecer si la autoridad al momento de la revisión o la auditoría que haya hecho al contribuyente durante un determinado periodo, se apego al debido proceso y respetó en todo momento los aspectos fundamentales que le permitan saber al revisado que la autoridad actuó conforme a derecho durante el proceso de revisión.

law of tax

Por otro lado, los aspectos de fondo se refieren a si la autoridad al momento de validar el correcto pago de contribuciones por parte del contribuyente, se apegó a lo establecido en Ley para determinar una posible omisión en el pago.

En otras palabras, los aspectos de forma se refieren a si la autoridad siguió el debido proceso en la revisión realizada y los de fondo a si la autoridad determinó conforme a Ley las omisiones encontradas a cargo del contribuyente.

Imaginemos así, un juicio ante el SAT que inicia con un Recurso de Revocación que se presenta ante el órgano jurídico del mismo Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) , sigue posteriormente con una Demanda de Nulidad que se interpone ante un tribunal administrativo como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (www.tfjfa.gob.mx) y puede llegar hasta el Juicio de Amparo el cual ya es interpuesto ante un Tribunal Judicial.

Lo que se lee en cinco líneas en el párrafo que antecede corresponde a un proceso que en la experiencia he visto que puede llegar a tardar hasta más de dos años. Imaginemos ahora el desgaste de las partes involucradas en tiempos y costos además de tener que constituir, por parte del contribuyente, una garantía por el interés fiscal la cual por lo general la vienen solicitando en 2 a 1, es decir en el doble de lo que se le adeuda supuestamente al fisco.

Este proceso se sale por completo de proporción sobre todo cuando se trata de cantidades muy pequeñas donde lo recaudado es rebasado varias veces por el costo que implica dicha recaudación o bien, cuando al final del día se obtienen sentencias a favor de la autoridad y se llega a hacer efectiva la garantía del interés fiscal dejando en muchas ocasiones al borde de la quiebra a la parte actora.

El principal problema no es para la gran empresa que tiene la capacidad financiera de contratar despachos de abogados que defiendan sus intereses sino para el resto de las empresas es decir, para las pequeñas y medianas empresas mexicanas que de conformidad con un artículo de Forbes publicado el 31 de enero del 2018 (https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/)

existen 4.2 millones de unidades económicas en México. De ese universo, el 99.8% son consideradas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), las cuales aportan 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país.”

Así, son esas empresas, las pymes, las que quedan solas contra los actos de autoridad, fundados o no, legales o no y que carecen de capacidad económica para defender sus intereses de manera adecuada.

Ante esta problemática y después de varios intentos es que el 4 de septiembre del 2006 surge la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente ( PRODECON) mediante la publicación del decreto que le da origen en el Diario oficial de la Federación.

Lawyer and client

De conformidad con lo publicado en la página de este Ombudsman Fiscal, www.prodecon.gob.mx , La “Prodecon tiene por objeto proteger los derechos y garantías de los contribuyentes mediante la orientación, asesoría, representación legal y defensa, acuerdos conclusivos, quejas y emisión de recomendaciones en materia fiscal, además de otras importantes facultades como son: identificar e investigar problemas endémicos del sistema, proponer medidas correctivas, interpretar normas fiscales y aduaneras a petición del SAT y proponer modificaciones a su normatividad interna, fomentar la cultura contributiva, acudir ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con propuestas de modificación a las normas tributarias; así como celebrar reuniones periódicas con las autoridades fiscales federales a las que podrán acudir asociaciones empresariales y profesionales, síndicos y contribuyentes organizados.”

Es así como cada vez la PRODECÓN a través de diversos esfuerzos ha tomado mayor fuerza y sí llega a representar una salida que apoya a las PYMES mexicanas en sus temas fiscales ya sea como defensora de los derechos de las empresas o bien como intermediaria a fin de llegar a arreglos y dirimir diferencias entre autoridades y particulares, atendiendo de esta forma la problemática que se comentó con anterioridad en este artículo de litigios largos y costosos para ambas partes así como una asistencia fiscal a la empresa mexicana cuyos recursos son muy limitados.

Siendo honestos, en lo personal yo era muy escéptico tanto de la independencia como del compromiso que pudiera tener la PRODECON al momento de litigar contra una autoridad administrativa y no solo eso, contra la autoridad recaudadora de los dineros del Gobierno Federal, sin embargo me consta en más de un asunto que realmente si interviene y llega a obtener beneficios en favor de las empresas sin cobro alguno para las mismas y en total apoyo a los intereses de éstas.

Por lo anterior, en lo personal sí recomiendo que la empresa mexicana tenga alguna diferencia con la autoridad ya sea en determinación y pago de impuestos o bien en aplicación de la legislación al momento de determinar sus contribuciones federales, que considere el acudir a la PRODECON de su localidad a fin de agotar esa instancia para obtener un apoyo real y estudiado a su problemática en concreto.

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